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PÁGINA/12 / JUNIO 2015

Un protocolo que garantiza el acceso a un derecho

Un protocolo que garantiza el acceso a un derecho

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención de los abortos no punibles. El documento fue publicado en la página web de la cartera, y próximamente tendrá una versión en papel que será distribuida a profesionales de centros de salud en capacitaciones. Al comienzo se deja en claro que se trata de un protocolo de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” y que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. Desde el título, muestra un cambio significativo, porque habla de la “interrupción legal de un embarazo (ILE)” como un “derecho” de las mujeres y también de personas trans con capacidad de procrear. Con un lenguaje amigable, busca “desdramatizar” la prestación médica en esos casos y estandarizarla, derribar mitos y limitar el uso de la objeción de conciencia para evitar abusos que obstaculizan arbitrariamente el acceso a una ILE. Expresamente dice que “la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”.

El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” (ése es su nombre completo) tiene 72 páginas. Actualiza la guía de 2010, y recoge los lineamientos del fallo F. A. L. de la Corte Suprema, que clarificó los alcances del artículo 86 del Código Penal, y estableció cómo se debe proceder para garantizar los abortos no punibles y puntualmente, entre otras indicaciones, señaló que no se deben exigir autorizaciones judiciales. Desde las primeras páginas, el Ministerio establece que “el ejercicio de este derecho se encuentra enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos” e implica “el acceso a una atención integral de calidad” que “asegure” el respeto por “la intimidad, y la autonomía, el flujo de la información clara y veraz, y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada”.

Otro aspecto muy importante es que considera “el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima”, es decir, la salud mental, como afectación de la salud de la persona embarazada, y causal para solicitar un aborto no punible. En ese sentido, la guía aclara que el peligro debe ser sólo potencial para justificar una interrupción legal de embarazo. Prevé también la intervención de profesionales del área de salud mental para esos casos.

La flamante guía aclara que la interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. Y precisa que en los países donde el aborto está permitido por la ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, “la tasa de mortalidad por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2,0 muertes por cada 100.000 abortos; en esas regiones, inclusive, la mortalidad relacionada con el embarazo es significativamente más alta: 9,0 muertes por cada 100.000 nacidos vivos”. También sostiene que “la penalización del aborto que rige en numerosos países, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres”.

Ver nota completa en Página/12.



PROYECTOS EN QUILMES

En el marco de las políticas de participación y transparencia, la Secretaría de Desarrollo Social lleva adelante proyectos enmarcados en 4 ejes: cultura, juego, derechos sexuales y reproductivos y educación.

Los proyectos se diseñan y se implementan en conjunto con las Mesas Participativas de Gestión Barrial y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y Adolescentes.

Durante el año 2014, se desarrollaron Proyectos Participativos Sociales, Educativos y Culturales por un monto de TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS ($3.062.542,43) pesos, destinados a niños, niñas y adolescentes. Los Proyectos se llevaron a cabo en conjunto con las organizaciones e instituciones de los barrios.