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UNO SANTA FE / JULIO 2015

Aborto: “El Estado puede ser negligente o puede intervenir”

Aborto: “El Estado puede ser negligente o puede intervenir”

En la Argentina el aborto es legal en casos de violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Mariana Romero y Agustina Ramón Michel son integrantes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y estuvieron en Santa Fe y Rosario brindando una capacitación sobre interrupción legal del embarazo (ILE) a profesionales de la salud de distintos efectores públicos.

“El aborto fue, por muchos años, un tema del que no se hablaba. Había muchos imaginarios oscuros en torno a eso por la forma en las que las mujeres accedían a él en la clandestinidad; pese a que ya existía una norma que permitía el aborto en caso de peligro para la salud o de violación desde 1921 (Código Penal)”, explicó Ramón Michel.

Y siguió: “El desafío que tienen los Estados, ahora que muchas mujeres ya conocen este derecho y el tema está instalado, es elegir entre dos opciones: ser indiferente y negligente y, por lo tanto, ser un Estado que es denunciado e interpelado siempre por lo que no hace; o puede intervenir elaborando políticas públicas, sobre todo de salud, en este tema”.

Por su parte, Romero agregó: “Esto es importante porque las mujeres no han dejado de abortar porque se las amenace penalmente. Se estima que se realizan casi 500.000 abortos por año en el país. Por eso la pregunta es: ¿cuántas de esas mujeres no tienen derecho a una ILE? y ¿en qué medida el Estado no debería ir construyendo una institucionalidad para ampliar el marco de la legalidad y no expulsar a la ilegalidad a las mujeres? Estos años son de definición estatal, ¿qué van a hacer? ¿Van a insistir con una política criminal? En el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿van a ser indiferentes y, por lo tanto, solo van a ser objetos de denuncias o van a ser formuladores de políticas públicas? Yo creo que, en ese sentido, la provincia de Santa Fe ha iniciado un camino hacia incorporar la ILE dentro de las políticas de salud sexual y reproductiva.

—¿El personal de los hospitales y centros de salud está preparado para acompañar una decisión política que garantiza los derechos de las mujeres en esta temática?

M.R.: No se puede empezar con toda la provincia de golpe, sino que el ejemplo demostrativo que dieron algunos equipos que sintieron que estaban en condiciones de emprender este proceso se fue contagiando, extendiendo. Que haya equipos que dieron respuesta con legitimidad y respaldo, hizo que otros equipos pudieran confiar en que esta práctica es legal y es posible en las instituciones de salud, que realmente responde a una demanda de las mujeres. Porque también está el temor de dar el servicio y, después, encontrar la respuesta adversa y, muy por el contrario, muchas de las mujeres hoy respaldan fuertemente a los equipos porque la respuesta fue adecuada.

—¿Qué opinión les merece el Registro de Objetores de Conciencia?

A.R.M.: En Santa Fe se concibió como una herramienta de gestión. Cuando se tomó la decisión de incorporar la ILE dentro de sus políticas sexuales y reproductivas, se necesitó saber cuál es el estado de situación y la voluntad de los profesionales. Después se analizaron los formularios y se dialogó con los profesionales porque se detectaron problemas de desconocimiento. Entonces la gestión volvió a trabajar con los servicios de salud y eso disminuyó la cantidad de objetores de conciencia. Eso nos muestra que no estamos frente a auténticas objeciones sino a miedos, perezas, incertidumbres, misoginias, discriminaciones, falta de estímulos para cumplir… Ese registro en una provincia como Tucumán sería un peligro porque estaría puesto al servicio de una política indiferente y negligente con la cuestión de la ILE. Serviría solo para cristalizar la situación de poder de los profesionales de la salud que se niegan a realizar abortos no punibles.

“De todas maneras –acotó–, no hay dudas que la objeción de conciencia es un privilegio porque supone decir: «Yo no quiero cumplir con mi deber profesional» mientras el resto tiene que hacerlo. El profesional de la salud asumió un compromiso que incluye no poner sus opiniones personales por encima de su deber profesional de atender al paciente. Leyes que generaron debate como la de Identidad de Género y Muerte Digna no tienen ninguna cláusula de objeción de conciencia. No hace falta tener demasiado espíritu crítico para preguntarse por qué en el aborto y si debemos aceptarlo o no”.

—Se entiende que ha sido un paso necesario para empezar a trabajar estos temas pero ¿se puede sostener ese privilegio en el tiempo si, realmente, existe la voluntad política de trabajar sobre el aborto legal?

A.R.M.: Creo que el primer desafío es seguir informando y trabajando con los profesionales de la salud para comunicarles que existe la certidumbre jurídica y de que van a ser acompañados. Y el segundo es hacer más costoso el incumplimiento. Hoy no se pagan costos por incumplir, obstruir o dar mala información. Necesitamos que eso sea costoso, que tenga beneficios cumplir y que tenga sanciones incumplir. Ésa es una gran deuda en toda la Argentina.

Agustina Ramón Michel y Mariana Romero también se refirieron a los estudios que tiene el Cedes respecto a la opinión de las personas y de los profesionales sobre el aborto y cómo se generan cambios.

“Las personas no estamos firmes en una postura, estamos escondidas tras una postura porque por mucho tiempo no se habló del tema y cuando se habló fue en términos punitivos y de oscuridad. Entonces uno de nuestros desafíos es terminar con la polarización y no interpelar a las personas en sus prejuicios sino en sus experiencias”, manifestó Ramón Michel.

Ver nota completa en UNO Santa Fe.



PROYECTOS EN QUILMES

En el marco de las políticas de participación y transparencia, la Secretaría de Desarrollo Social lleva adelante proyectos enmarcados en 4 ejes: cultura, juego, derechos sexuales y reproductivos y educación.

Los proyectos se diseñan y se implementan en conjunto con las Mesas Participativas de Gestión Barrial y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y Adolescentes.

Durante el año 2014, se desarrollaron Proyectos Participativos Sociales, Educativos y Culturales por un monto de TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS ($3.062.542,43) pesos, destinados a niños, niñas y adolescentes. Los Proyectos se llevaron a cabo en conjunto con las organizaciones e instituciones de los barrios.